Este departamento brinda a JUPEMA asesoría legal ajustada a las condiciones y límites que disponen las normas y principios de la Seguridad Social, así como a la naturaleza jurídica de la institución, a fin de prevenir y resolver los problemas de índole legal que se susciten, colaborando de este modo en el fortalecimiento y sostenibilidad de los diversos regímenes aplicables al sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional.
Está conformado por tres áreas:
- Crédito y Cobro (administrativo y judicial) que asesora, da seguimiento, redacta, elabora y presenta los procesos administrativos y judiciales relacionados con el cobro a las instituciones morosas que conforman el Magisterio y a la cartera de crédito.
- Pensiones evacúa las consultas sobre aspectos legales relacionados con la aplicación de la ley vigente y sus reformas. Le corresponde además la instrucción de los recursos de apelación que en vía administrativa son presentados ante el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social, así como, la clasificación y revisión de los fallos emitidos por esa instancia. Tiene a su cargo la dirección, coordinación y representación jurídica de los procesos judiciales vinculados al régimen de pensiones, bajo la representación especial judicial conferida al apoderado institucional. En el ejercicio de estas funciones, le corresponde velar por la defensa rigurosa y diligente de los intereses del fondo y de los intereses institucionales en aquellos procesos en los que la Junta comparece como parte demandada, procurando en todo momento la observancia estricta del ordenamiento jurídico aplicable y la salvaguarda de los principios que rigen la gestión del régimen.
- Por último, Asuntos Laborales y Procesos Administrativos brinda apoyo a todos los departamentos de JUPEMA en temas laborales y procedimientos administrativos tanto internos como externos. Atiende y gestiona los asuntos laborales en la instancia judicial y demás procedimientos judiciales o administrativos en que la institución deba intervenir. En ejercicio de la representación especial judicial del apoderado institucional, le corresponde presentar o contestar demandas, formular denuncias y promover las acciones necesarias en las distintas áreas del derecho. Su actuación se orienta a resguardar los intereses institucionales mediante una gestión jurídica responsable, técnica y conforme al marco normativo vigente.
