JUPEMA denuncia injusticia del Poder Ejecutivo que vulnera el derecho humano a una pensión digna.

• El veto del Poder Ejecutivo condena a la pobreza a miles de jubilados del Magisterio.
• JUPEMA exige justicia: la dignidad de las pensiones no se negocia.
• Congelar las pensiones del Magisterio Nacional atenta contra los derechos fundamentales.

La Junta directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) expresa su profundo rechazo y preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el Decreto Legislativo N.° 10944 (Expediente 24.353), que busca descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR).  Este veto, sustentado en argumentos de oportunidad y conveniencia, desconoce una realidad humana y jurídica fundamental: el derecho de las personas jubiladas a una pensión digna.

Las personas jubiladas del Magisterio Nacional aportaron de manera responsable al sistema, confiando en que el Estado cumpliría con su deber de crear el fondo correspondiente. Hoy, ese compromiso ha sido incumplido y quienes dedicaron su vida a la educación enfrentan un empobrecimiento sistemático y recurrente. JUPEMA defiende con firmeza la justicia social y la dignidad de más de 30.000 familias afectadas.

El congelamiento de los ajustes por costo de vida durante más de cinco años ha reducido el poder adquisitivo de esta población en hasta un 10 %, según estudios de JUPEMA. Para una persona pensionada, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no es una estadística fría: es la medida de su supervivencia. Negar la revalorización automática basada en el IPC es mantener a miles de personas adultas mayores eligiendo entre alimentos, medicamentos o servicios básicos.

Los argumentos son claros y fundamentados:

• La ley establece que las pensiones deben ajustarse conforme al aumento en el costo de vida, lo cual no ha ocurrido desde hace más de cinco años.
• El veto contradice compromisos internacionales como el Convenio 102 de la OIT y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (artículo 17).
• La Sala Constitucional ha sostenido que el equilibrio financiero no puede comprometer el contenido esencial de las prestaciones públicas.
• El umbral de ¢2.000.000 fijado en el proyecto responde a criterios de proporcionalidad y urgencia, priorizando a quienes perciben menores ingresos.

Los argumentos fiscales no pueden estar por encima de la dignidad humana. La exclusión impuesta por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha castigado injustamente a esta población, convirtiendo una medida temporal en una sanción permanente. Este veto refleja un profundo desconocimiento y desprecio hacia quienes han formado este país con su vocación y esfuerzo.

JUPEMA hace un llamado urgente a las 57 diputadas y diputados que integrarán la nueva Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo: resellen este veto y devuelvan la esperanza y la justicia a más de 30.000 familias del Magisterio Nacional. La dignidad de nuestras personas jubiladas no puede seguir congelada. Es hora de que Costa Rica cumpla con su deber moral, jurídico y humano.